De partida, la Real Academia Española define la discapacidad como una “situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social”. Sin embargo, esta concepción ha evolucionado. Hoy entendemos la discapacidad como una condición que, al interactuar con un entorno social poco accesible, limita la participación plena de las personas. No obstante, al eliminar las barreras estructurales, comunicacionales y actitudinales, podemos garantizar que más personas, independientemente de sus capacidades, puedan desarrollar su potencial.
Seguidamente, es importante destacar que según cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 10% de la población mundial sufre de discapacidad, igualmente en América Latina, según estadísticas emitidas por el Banco Mundial, son 85 millones de personas que padecen de alguna clase de discapacidad, y Venezuela no escapa de esta realidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su último informe que data del año 2011, en donde se determinó que al menos el 5% de la población venezolana sufrían alguna clase de discapacidad. Desafortunadamente, las personas en estas condiciones, están dentro de los grupos más vulnerables, susceptibles de sufrir pobreza extrema, escasas oportunidades de formarse educativa y profesionalmente, además de poco acceso al mundo laboral; y estas cifras aumentan si se trata de mujeres con discapacidad, personas que pertenecen a etnias indígenas o que viven en zonas rurales.
De igual manera, obtener estadísticas que realmente demuestren la cantidad de personas con diversidad funcional, es difícil, debido a la escasez y falta de veracidad de los datos aportados por el Estado. En ocasiones, los números están bastante alejados de la realidad; por ejemplo, es el caso de Venezuela, en donde las dificultades son mayores, existe más pobreza, los índices de violencia son más altos, las tasas de natalidad son más elevadas en los sectores de bajos recursos económicos y el poco acceso a la salud y a la seguridad social, influye de manera directa en el aumento de personas con discapacidad.
Las políticas públicas del Estado Venezolano en cuanto a inclusión de personas con discapacidad han sido prometedoras, sin embargo, en la realidad existen distintas complicaciones aún sin resolver, por ejemplo, la falta de acceso a los servicios públicos, poder contar con un sistema de salud que garantice la protección y asistencia de las personas con discapacidad, sobre todo la falta de empleo, debido a que en su mayoría los mismos deciden optar por el mercado informal para poder obtener un sustento, al igual que la falta de seguridad social por la discapacidad adquirida debido a múltiples factores, entre otros. La mayoría de personas con discapacidad trabajan desde el sector informal, debido a la falta de empleo protegido, a causa del bajo salario percibido y de igual forma, motivado en buena medida a la falta de conocimiento de la legislación en materia de discapacidad.
Igualmente, la falta de promoción en materia de inclusión y discapacidad por parte del Estado Venezolano, el cual se ha caracterizado por ser un Estado inquisitivo y sancionador por falta de cumplimiento de Ley, ha ocasionado que frecuentemente la poca inclusión e integración de este colectivo, se haya hecho defectuosamente queriendo cumplir con la legislación vigente en la materia, pero tomando matices de una compasión o lástima solapada y no por la clara conciencia de las aptitudes o potencialidades que sin duda pueden brindar las manos laboriosas de personas con discapacidad a la hora de su desarrollo personal, para contribuir con el crecimiento del aparato productivo local.
Los problemas con los que lidian las personas con diversidad funcional son tan graves en algunos casos, que marcan una desigualdad importante al no ser tomados en cuenta para contribuir con el desarrollo de su propio país. Si a eso se le suma problemas culturales como índices de violencia y pobreza más altos que en cualquier otra región, la falta de acceso a la justicia, entre otros, y esto, aunado a la falta de estadísticas y datos certeros, disminuyen las posibilidades de crear proyectos y políticas públicas que tengan avances reales y significativos para la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Consecutivamente, la falta de oportunidades en distintos ámbitos, sobre todo en el laboral, disminuye la calidad de vida de este grupo y conlleva a altas tasas de desempleo y pobreza extrema; en los mejores casos algunas personas con diversidad funcional leve, pueden lograr desarrollarse en el ámbito laboral independiente, es decir, por cuenta propia a través del emprendimiento, sin embargo, son más los casos de personas con discapacidad desempleadas dependientes de las ayudas sociales y económicas que otorga el Estado Venezolano, donde se ha establecido una “ayuda económica” a través de bonificaciones equivalente a 5$ aproximado mensual, para este colectivo.
Por último, las políticas públicas que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad, siguen siendo escasas o de poca aplicabilidad. El Estado Venezolano afirma garantizar la efectividad de la legislación vigente en materia de discapacidad, la cual regula y “protege” los derechos de este colectivo, por medio de la Constitución y las leyes actuales, además de los proyectos de Ley que hoy día están en discusión en la Asamblea Nacional, sin embargo, la realidad social demuestra que es diferente lo que se escucha en el discurso político a lo que vive día a día el venezolano con discapacidad.
Abg. Andrea P. Sánchez.
